El editorial del periódico El Nuevo Día reclama contundentemente que la educación no debe ser vista, ni como un gasto, ni como una empresa comercial. Las sociedades inteligentes saben que la educación es la manera de potenciar el capital humano, recurso que constituye la principal riqueza que tiene un país para crear una sociedad civilizada, próspera e innovadora. Léalo con detenimiento y reflexione sobre cuánto daño causa en la gente, la ausencia de un sistema educativo eficiente.
10 Enero 2011
Queda colgado el sistema educativo
Apoyada en la teoría de que la educación no es una inversión sino un gasto al que aplican los mismos conceptos conservadores que han modificado otros sectores e instituciones, la Administración Fortuño ha propiciado en estos dos años desarticular todo asomo de un proyecto educativo que responda a las necesidades presentes y futuras del País.
Por un lado, tenemos un Departamento de Educación que ha visto desfilar tres secretarios en dos años, que, a causa de su incapacidad administrativa, está amenazado de perder buena parte de los $2,000 millones de fondos federales que recibe anualmente y que sigue siendo un monstruo burocrático cuya politización le imposibilita cumplir con su obligación constitucional de ofrecer educación de calidad.
Por el otro, vemos cómo una visión de gobierno se ensaña en desnaturalizar la educación superior, polarizando más al País y creando un estado de ingobernabilidad en la Universidad de Puerto Rico que amenaza la vida misma de la institución. Dos huelgas estudiantiles, la probatoria impuesta por la Middle States on Higher Education a 10 de los 11 recintos, la intervención de la Fuerza de Choque de la Policía, principalmente en el Recinto de Río Piedras, y las manifestaciones violentamente reprimidas, ensombrecieron aún más el panorama en la UPR, que ha sufrido también recortes económicos gubernamentales.
Una cuota de $800 por estudiante que la Junta de Síndicos insiste en no negociar, adosada a la actitud recalcitrante de la presidenta del organismo, Ygrí Rivera, y del presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, ha contribuido al deterioro de la situación, a niveles de los que son responsables también otros componentes del gobierno y algunos sectores estudiantiles que han puesto en riesgo los esfuerzos de diálogo del liderato y de la masa estudiantil que lucha por mantener abierta una universidad pública y de calidad.
En el sistema educativo público, hemos visto el fracaso de 1,277 de las 1,500 escuelas; y descenso al 38% en el número de estudiantes que aprobó las más recientes pruebas de aprovechamiento académico; se ha fallado también en detener la merma de estudiantes, estimada en 200,000 en la última década, y se ha incumplido la tarea de empezar a devolver a las aulas a 45,000 desertores.
El secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, que sucedió hace seis meses a Odette Piñeiro, quien a su vez reemplazó a principios del 2010 a Carlos Chardón, ha pintado un panorama optimista al indicar a El Nuevo Día que este mes proyecta haber reclutado al 98% del personal que falta para cubrir los 28 nuevos megadistritos, tener nombrados en propiedad a más de 300 directores y dado permanencia a miles de maestros, así como iniciar tutorías para miles de alumnos de bajo aprovechamiento. Pendiente queda la remodelación de escuelas, 28 de las cuales fueron desalojadas en agosto, sin contar con que para este nuevo semestre se anuncia el cierre de otras 18, a pesar de que en sólo 13 de las primeras hay subastas aprobadas y apenas se construye en dos. Agrava la situación la falta de mantenimiento, debido en gran medida al despido masivo de conserjes bajo la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
En cuanto a la educación especial, aunque en una medida positiva puntual está en proceso el reclutamiento de los facilitadores docentes, no se evidenció en este periodo un vuelco estructural que indique que el Estado ha superado su reiterada y contumaz incapacidad para cumplir con las órdenes, estipulaciones y resoluciones del tribunal.
En conjunto, es menester abandonar las posturas intransigentes y entender que nuestros niños y jóvenes necesitan educarse para echar adelante; y que esta generación de gobernantes tiene la responsabilidad constitucional, y moral, de viabilizar su futuro, no de entorpecerlo.