El Legislador municipal del PIP Víctor Alvarado ha denunciado esta medida como un intento de la alcaldesa Karilyn Bonilla de querer controlar las organizaciones comunitarias que existen en su municipio. “Esta acción sólo se puede comprender bajo la visión errónea de la alcaldesa de que cualquier organización comunitaria tiene que estar bajo el control de ella. El temor de los pescadores es que se apodere de la pescadería, destruya lo que se está desarrollando allí y saque a los pescadores de la dirección”, dijo Víctor Alvarado.
Según el legislador municipal pipiolo de las cuatro pescaderías que existen en Salinas, la de la Playa es la que funciona más activamente y es la única que pertenece al Departamento de Agricultura. En la otras tres que pertenecen al municipio no se ve ninguna actividad económica adicional propulsada por la alcaldesa.
Por otra parte, la legisladora municipal Mildred Correa Padilla, quien representa ese sector en la Legislatura Municipal, catalogó de incorrectas la información difundida por los medios y acusó a sus propulsores de haber creado un ambiente de temor innecesario entre los pescadores y residentes de la comunidad Playa. Aclaró que la Resolución surge como un reclamo de los mismos pescadores al Representante Torres Ramírez y a la propia legisladora municipal Correa Padilla.
“Ante ese reclamo el representante Torres Ramírez ha visitado las facilidades de la Pescadería y ha adquirido conocimiento de primera línea de lo que allí está realmente sucediendo. Con la Resolución sometida por el Representante lo que se ha pretendido es atender las necesidades de manera efectiva, desarrollar planes, estrategias de inversión, mercadeo y actividades de beneficio a la comunidad. Esta meta es a consecuencia de que allí en este momento no ha habido desarrollo alguno. El compromiso con esta nueva visión es la de atender los reclamos de los pescadores que han que sea el Gobierno Municipal que asuma la responsabilidad del desarrollo de esta pescadería” terminó diciendo la legisladora municipal del PPD Correa Padilla.
Conocedores del tema han expresado que lo cierto es que el 90% del pescado que se consume en Puerto Rico es importado y que las leyes de Estados Unidos restringen cada día más la pesca artesanal en la isla impidiendo, para beneficio de las empresas multinacionales de pescadería, el desarrollo de una industria pesquera que aporte significativamente a la productividad del País.