Al descubierto la toxicidad de las cenizas de carbón
Entre la realidad y la reglamentación
Por: Víctor Alvarado Guzmán
Comité Diálogo Ambiental, Salinas

2017-08-22%2B10.14.35.jpgUna de las consecuencias imprevistas de la lucha que se libra en Peñuelas y Guayama contra el depósito de las cenizas de carbón de la empresa AES, es que casi a diario afloran pruebas que refuerzan la abundante evidencia disponible sobre la toxicidad de este desecho industrial.

Por ejemplo, en una sentencia emitida el pasado 4 de agosto, el juez Mariano Vidal Sáenz argumentó que la disposición que se realiza en el vertedero EC Waste de Peñuelas de las cenizas que AES llama “Agremax” no está prohibida por la recién aprobada Ley 40. Según estipuló el juez:

“No cabe duda de que el texto de la nueva Ley 40 dejó claro que la variante más tóxica y peligrosa de este desecho industrial -el “fly ash” o ceniza volante- no podría ser depositada en ningún sistema de relleno sanitario del país. (Énfasis Nuestro)”. (Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, et al. v. Junta de Calidad Ambiental, et al., J PE2017-0289 (Sentencia del 4 de agosto de 2017)) Subrayado nuestro.

Por lo tanto, en su sentencia el juez reconoce que la ceniza volante o “fly ash” es, en efecto, “la variante más tóxica y peligrosa” de ese desperdicio industrial.

Aun así, llama la atención que Vidal Sáen olvidó añadir a su argumentación otro dato inequívoco: que según ha certificado la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por siglas en inglés), el 80 por ciento del “Agremax” es constituido por cenizas volantes o “fly”ash” (Leaching Behavior of “AGREMAX” Collected from a Coal-Fired Power Plant in Puerto Rico, pág. 2) y, por lo tanto, el 80 por ciento del contenido del “Agremax” es altamente tóxico y peligroso.

Con semejante prueba, ya no es de extrañar que la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana declarara en el año 2009 que el rockash, como también se le conoce al Agremax, es “una basura radioactiva o desecho industrial que degradó el medio ambiente de Samaná” y que por haber sido depositado en un sitio próximo al mar provocó “graves perjuicios para la fauna marina y el medio ambiente que le rodeaba”.

Reglamentación federal y estatal: fricción con la realidad

Contra esta realidad, ejecutivos y propagandistas de la carbonera AES argumentan que la EPA ya clasificó las cenizas como un desperdicio sólido no peligroso. Sin embargo, expresiones recientes de la directora de la EPA en el Caribe, Carmen Guerrero, demuestran que hasta en esa agencia federal reconocen lo que ya todos sabemos.

Según expresara Guerrero, desde octubre de 2015 la EPA clasifica a las cenizas de carbón y sus derivados como desperdicios sólidos no peligrosos, al amparo del “Coal Combustion Residuals Rule o CCR Rule”. Sin embargo, la propia reglamentación reconoce que las cenizas “tienen componentes tóxicos”, como mercurio, cadmio y arsénico.

¿Cómo algo que no es peligroso puede emitir semejantes tóxicos?

Diversos estudios en Puerto Rico y Estados Unidos demuestran que las cenizas contienen altos niveles de metales pesados, muchos de ellos cancerígenos, además de particulado radioactivo. Para ver los mismos le invitamos a acceder cenizaspr.org.

Más admisiones

También semanas atrás, el secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, declaró ante senadores que las cenizas de carbón no solo contienen elementos tóxicos, sino que su almacenamiento y disposición puede amenazar la salud humana.

Al compartir la data epidemiológica que tiene el Departamento de Salud, Rodríguez Mercado explicó que desde el punto de vista médico “existe abundante evidencia de los efectos causados por una exposición indiscriminada a los contaminantes del carbono. Está aceptado el hecho de que los residuos de la combustión del carbón en su forma de ceniza tienen efectos detrimentales para enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias (asma, enfermedad obstructiva del pulmón) y accidentes cerebro-vasculares”.

El titular de Salud expresó claramente que las cenizas de carbón sí son tóxicas. “Por otro lado, los elementos tóxicos presentes en las cenizas volantes, además de entrar directamente por inhalación o infusión a través de la piel, pueden ser absorbidos por el cuerpo humano por procesos naturales”, manifestó Rodríguez Mercado.

Este contundente testimonio contradijo a la abogada Tania Vázquez Rivera, presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), quien declaró que empleados de su agencia evalúan con mucha seriedad los resultados de dos métodos analíticos de lixiviación, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) y Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP), y que estos determinan que las cenizas no son peligrosas.

Sin embargo, el 16 de julio de 2012, el entonces Jefe de la Subdivisión de Cumplimiento del Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) bajo la Región 2 de la EPA, George C. Meyer, escribió una carta a la JCA donde ponía en duda la efectividad de los “dos métodos analíticos de lixiviación” que defiende hoy Vázquez Rivera.

“EPA cree que el TCLP y SPLP pueden subestimar el potencial de lixiviación de componentes peligrosos de la reutilización de cenizas de carbón en comparación con el Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF). Como ustedes saben, la EPA desarrolló los métodos LEAF en respuesta a las preocupaciones planteadas por la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Asesor Científico de la EPA y otros sobre el uso de pruebas de pH de punto único como TCLP y SPLP para evaluar el potencial de lixiviación de los residuos de combustión de carbón”, señaló Meyer.

2017-08-22%2B10.19.16.jpg

Agencias federales y estatales reconocen que las cenizas contienen elementos tóxicos, pero tratan de ocultar la realidad tras unas pruebas no confiables, una reglamentación defectuosa y un vocabulario ambiguo.

La carbonera AES y el gobierno de Puerto Rico continúan poniendo en peligro la salud y la vida de miles de personas, familias y comunidades al exponerlos a las cenizas de carbón, ya sea en el aire que respiran o bajo el suelo del hogar que habitan. La evidencia científica es clara.

Ahora solo falta que la reglamentación y el gobierno también lo sean.

Suministrado por El Patriota del Sur