En 1923 un tribunal inducido a la corrupción declaró culpable a un humilde e indefenso muchacho de la muerte de un rompehuelgas[1] en la Hacienda Margarita de Salinas.  Mas de un testigo de su inocencia fue acallado o no citado en su defensa. El poder económico devoró la justicia y la desesperante experiencia tras las rejas mató emocionalmente para siempre a un chico que apenas comenzaba a vivir.

Larga es la lista de los ajusticiados y encarcelados por crímenes que no cometieron.  Por eso, no es enteramente absurdo el dicho popular: «las cárceles están llenas de inocentes». Sobre todo, como afirman los expertos de la conducta, el condenado injustamente nunca se repone plenamente de la pena ni de la rebeldía que abruma su alma.

La condena de inocentes no solo es la peor pesadilla que le puede ocurrir a una persona, sino que probablemente es la peor atrocidad vinculada a un sistema de justicia criminal, sobre todo cuando termina en la pena de muerte.  Tanto las condenas infames dictadas a sabiendas de la inocencia del desafortunado, como las causadas por errores procesales, constituyen crueles injusticias que pocos pueden sobrellevar.  Pesadilla que no muchos tienen la suerte de poder contar.

Precisamente en Salinas, Pablo de Jesús Colón fue uno de esos desdichados que vivió para contarlo.  Este salinense, sufrió en carne propia el drama del encarcelamiento por un crimen que no cometió.  Aunque pertenece al mundo de los olvidados, su excarcelación fue noticia en 1933.

Su historia merece recordarse porque está pasionalmente vinculada con los años aciagos que convirtieron a Puerto Rico en una enorme plantación azucarera con rasgos haitianos a partir de 1898.  Aquella empobrecida peonada fue caldo de cultivo para la pronta aparición de organizaciones sindicales y masivas huelgas cañeras. Huelgas donde usualmente ocurrían incidentes de violencia entre obrero, personal patronal y la policía.

En febrero de 1923 la paz laboral en el sureste de Puerto Rico quedó hecha pedazos.  A causa de las precarias condiciones de trabajo en la industria cañera, una huelga se desató desde Maunabo hasta Santa Isabel frenando las operaciones de las centrales azucareras del área.  Centenares de obreros paralizaron sus labores agrícolas.  Durante la huelga la policía reprimía a los huelguistas mientras agentes rompehuelgas amedrentaban obreros obligándolos a realizar las faenas interrumpidas por el paro.

Como resultado de aquel conflicto obrero-patronal, en la Hacienda Margarita de Salinas resultó muerto un rompehuelgas en horas del atardecer.   Al día siguiente, fue acusado por ese asesinato el joven Pablo de Jesús Colón.  El culpable de ese crimen se exponía a la pena de muerte, entonces vigente en Puerto Rico.

Pablito era hijo de un hogar pobre, vivía en un bohío con su madre.  Al igual que todos los hijos de la pobreza tenía que comenzar a trabajar temprano en la niñez.  Justamente en las labores que usualmente realizaban los hombres de su vecindario.  

Salinas en 1920 era un pequeño pueblo rural.  Sobre el llano costanero se tendía una alfombra de cañaverales separados por estrechos caminos unos de otros.  Por esos caminos se transitaban los obreros, capataces y mayordomos, con sus animales y maquinarias a realizar la faena diaria. La mayor multitud concurría en tiempos de zafra, cuando se realizaba el corte de la caña para llevarla a moler a la central Aguirre. La quema de la caña hacia más urgente su corte y trasporte inmediato a los molinos.

En tiempos de huelga los incendios prematuros de cañaverales causaban perdidas a los colonos y centralistas, pues la huelga solía provocar retraso en el corte y trasporte de la caña.  Por eso el patrono hacia todo lo posible por obligar que se cortara la caña en medio del conflicto, lo que generaba enfrentamientos entre huelguistas y rompehuelgas, así como abuso policiaco.

El día del asesinato ocurrido en la hacienda La Margarita en horas del atardecer, Pablo de Jesús Colón se encontraba en una fonda de la población comiendo.  En la fonda había otros parroquianos comiendo. Entre ellos dos policías de apellidos Martínez y Quiles.  Los allí presente se enteraron del asesinato cuando llegó un hombre a caballo a avisarle a los policías que acababan de matar a una persona en la colonia Margarita. Todos ellos eran testigos de que el joven Pablito en ese momento se encontraba en la fonda.   Por eso, se sorprendieron cuando al otro día se enteraron de que fue arrestado y acusado del asesinato.

El policía Juan P. Martínez cuando supo del arresto informo inmediatamente al jefe de la policía de Salinas, Acarón Correa, que el chico arrestado no era el autor del crimen puesto que al momento del asesinato Pablo de Jesús Colón se encontraba comiendo en la misma fonda donde comía acompañado del policía Quiles.

Fue entonces cuando se desató toda una conspiración para evitar que el policía Juan P. Martínez declarara a favor del infortunado muchacho.  El sistema judicial de Guayama se entregó a los deseos de los centralistas queriendo utilizar el caso para atemorizar a los huelguistas.  El propósito era debilitar a la unión obrera y acelerar la terminación de la huelga sin que se lograran las plenas vindicaciones por las que luchaban. 

Al policía Juan P. Martínez se le impidió declarar y en medio de la tragedia judicial fue trasladado a Quebradillas donde se le desconecto del caso.  Desafortunadamente la justica estaba siendo asesinada. Para Pablo de Jesús Colón, injustamente condenado a cadena perpetua y salvado de la pena de muerte,  la justicia llegó tardía.

Dos años antes de su excarcelación, el senador socialista Moisés Echevarría[2], quien en el momento del crimen era el secretario de la Corte Municipal de Guayama, tenía claro que se había cometido una terrible injusticia contra Pablo de Jesús Colon y se propuso repararla.   Su sentido de Justica lo había llevado a ser uno de los legisladores opuestos a la pena de muerte vigente en Puerto Rico hasta lograr su abolición en 1929.

El momento de actuar a favor de Pablo de Jesús Colón llegó cuando se enteró que en un individuo de nombre Julio Correa en la playa de Salinas había declarado en articulo mortis ser el autor del asesinato ocurrido en la hacienda La Margarita en 1923.  Hechas las gestiones correspondientes, el senador Echevarría consiguió varias declaraciones juradas, la más importante de las cuales fue la de Juan P. Cardona, médico residente en Salinas.  Cardona certificó la confesión del enfermo Julio Correa como autor del crimen. Con esas pruebas y una declaración jurada del policía Juan P. Martínez como documentos estrellas de la inocencia de desgraciado prisionero, el gobernador interino José Padín le otorgó el indulto a Pablo de Jesús Colón luego de 10 años encarcelado por un crimen que no cometió.

©© Sergio A. Rodríguez Sosa

Bibliografía

Pérez Lozada, José. Los dramas humildes.  En: Echevarría Moisés.  La pena de muerte. Segunda edición. Ponce, P.R., Imprenta La Tribuna, 1938.

Señalóse para el mes de mayo el juicio por asesinato contra un senador en P.R. La Prensa. 7 de abril de 1937 p 25. Consultado en: http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/Workflow/2/136844/hem_laprensa_19370407.pdf

Echevarría apela al gobernador y a los jueces para que ordenen se le formule seguida acusación que proceda y se efectúe un juicio rápido. El Mundo. 11 de febrero de 1937. P 5.  Consultado en: https://ufdc.ufl.edu/CA03599022/00725/5x

Archivado caso contra el senador Echevarría. El Mundo. 27 de mayo de 1937 p 1+.  Consultado en: https://ufdc.ufl.edu/CA03599022/00830/1x

[1] Desconocemos el nombre de la persona asesinada.

[2] Moisés Echevarría Marero fue senador socialista por el Distrito de Ponce durante tres términos (1929-1940). Irónicamente, este opositor de las injusticias penales fue involucrado como autor intelectual de un asesinato cometido por Florencio Archeval, contra el comerciante Francisco Soldevila ocurrido en octubre de 1936. En juicios separado Archeval fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado, mientras que el caso contra Echevarría fue archivado por prueba legalmente insuficiente.