Las restricciones de comercio marítimo impuestas por el Reino de España promovieron por siglos el contrabando por las costas de Puerto Rico. Las leyes de cabotajes establecían que únicamente se podía comerciar con barcos españoles que llegaban a los puerto autorizados. Aunque ilegal, el contrabando se realizaba con la anuencia solapada de los gobernantes españoles de la isla. Las guerras de independencia y la ocupación de España por los franceses provocaron un incremento del comercio marítimo con España y la necesidad de habilitar más puerto en Puerto Rico. En el puerto de las Salinas de Coamo se habilito una subdelegación de aduanas para la cual se nombró un juez pedáneo en 1819, lo que facilitó el comercio marítimo de los hacendados de Coamo y pueblos vecinos.

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